Manifiesto de Balmaceda

No pensaron jamás los constituyentes de 1833 que, para dominar al Presidente de la República o absorber la dirección y el Gobierno del Estado, pudiera una mayoría del Congreso frustrar la oportuna aprobación de las leyes constitucionales, y perturbar así el orden público, excitar las pasiones políticas y engendrar la anarquía.

El Presidente Prieto fijaba los propósitos de los autores de la Constitución de 1833, dirigiéndose a los pueblos en los siguientes términos:
“Despreciando teorías tan alucinantes como impracticables, sólo han fijado su atención en los medios de asegurar para siempre el orden y tranquilidad pública contra los riesgos de los vaivenes de los partidos a que han estado expuestos. La reforma no es más que el modo de poner fin a las revoluciones y disturbios a que daba origen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la Independencia. Es el medio de hacer efectiva la libertad nacional, que jamás podríamos obtener en su estado verdadero mientras no estuviesen deslindadas con exactitud las facultades del gobierno y se hubiesen opuesto diques a la licencia”.

Si la Constitución de 1833 tuvo por objeto capital, robustecer vigorosamente el principio de autoridad y concentrar en el Poder Ejecutivo la suma necesaria de poder para aniquilar las revoluciones y la licencia, no se concibe como se pretende anular al Presidente de la República de poder activo en pasivo, sujeto a la voluntad de un poder irresponsable y con derecho para negar las leyes sobre las cuales reposan la vida, el crédito y la estabilidad de las instituciones.

No se pueden dictar leyes sin el asentimiento del Jefe de Estado, porque éste tiene por los artículos 35, 36 y 37 de la Constitución la facultad de vetarlas parcialmente o en forma absoluta. No puede entonces sostenerse por el Congreso que en el ejercicio de sus atribuciones legislativas pueda imponer al Presidente la dirección y el gobierno de Chile, porque esta pretensión es inconciliable con las prerrogativas del jefe de la Nación e incompatible con la libertad, la independencia y la responsabilidad de los poderes constitucionales de Chile.

Las atribuciones del Congreso sobre el Poder Ejecutivo son meramente fiscalizadoras, de crítica o de acusación de los ministros durante el tiempo de sus funciones y hasta seis meses después; o de acusación al Presidente de la República cuando haya concluido su período legal.

Estas son las armas que la carta ha puesto en manos del Congreso para contener los abusos del Presidente y sus ministros. Pero no puede deducirse de aquí la pretensión extraordinaria de paralizar la marcha constitucional, de atentar contra el ejército y la armada, o contra la administración pública, porque el Presidente no abdica el derecho de nombrar libremente a sus Ministros, o porque no se somete a los designios de la mayoría legislativa.

Ni en la sesión ordinaria ni en la prorrogada del septiembre, ni en la extraordinaria de octubre, se aprobaron las leyes de presupuestos y que fijan las fuerzas de mar y tierra. Se clausuró el Congreso en octubre, es verdad, pero por motivos que expondré en el orden de las ideas y los hechos que me propongo enunciar.

No he convocado después al Congreso, porque en el ejercicio discrecional de mis atribuciones más privativas, debía convocarlo según el juicio o el criterio que yo formara acerca de la actitud que asumiría la mayoría parlamentaria.
Esta actitud ha sido conocida de todos.

En nombre de un pretendido régimen parlamentario, incompatible con la República y el régimen popular representativo, que consagra la Constitución, se ha querido, por causas exclusivamente electorales, adueñarse del gobierno por Ministros de la confianza de la mayoría del Congreso.

Pero nada oyeron los que no querían oír.
El Ministerio del señor Sanfuentes fue violentamente censurado antes de ser oído en ambas Cámaras. No hubo el respeto, ni la libertad de defensa, ni siquiera la cortesía que la Cámara de Diputados dispensó siempre a los representantes del Ejecutivo. Fue necesario abandonar el recinto del Congreso, con la tristeza que producen los errores que menoscaban el prestigio moral y la autoridad de los poderes constituidos.
La coalición parlamentaria suspendió en julio el cobro de las contribuciones, haciendo de esta ley de vida nacional un arma ofensiva que fue esgrimida en forma que no lo ha sido jamás por ningún Congreso del mundo.
Terminado el conflicto por la renuncia del Ministerio Sanfuentes y la organización del presidido por el señor Prats, levantó este sobre los combatientes la bandera de neutralidad política que a todos favorecía igualmente.
La política de neutralidad fue observada fielmente.
Los partidos se organizaban y emprendían los trabajos que pudieran alentar a los propios adeptos. Pero la política de neutralidad envolvía un serio peligro para una parte considerable de la coalición parlamentaria. No tenía ésta adhesiones apreciables sino en señaladas poblaciones, carecía de pueblo que la sustentara, y por más numerosa que fuese en el Congreso, no tenía posibilidad de sostener la situación que anhelaba bajo el imperio de la neutralidad proclamada.
Por esto la mayoría del Congreso entorpeció la aprobación de la ley que fija las fuerzas de mar y tierra; y por esto se manifestó en los círculos, y aún a miembros del Gobierno, que sólo se darían los presupuestos mensualmente, y que la desconfianza se mantendría en todo su vigor mientras no tuviera influencias más positivas en la dirección del Gobierno.
El Ministerio del señor Prats no luchó, ni quiso luchar, y sacudido al fin por los recelos de la mayoría parlamentaria, a la cual no podía satisfacer sino rompiendo la neutralidad en daño del partido liberal que en todas las horas difíciles venía sosteniendo al gobierno, dimitió.
Por sugestión patriótica de este ministerio y por el propio y muy vivo deseo de hacer el último esfuerzo para la pacificación del Congreso y la unión de todos los liberales, propuse por medio de los respetables caballeros, señores don Enrique S. Sanfuentes, Aníbal Zañartu y don José Tocornal, la convención única para designar candidato a la Presidencia de la República.
Manifesté que las bases de la convención debían ser discutidas y acordadas por los partidos; pero que yo me permitía expresar a todos el deseo de que la convención no tuviera programa para que pudieran concurrir a ella los conservadores, ya que estaban unidos por íntima amistad y consorcio con los nacionales, los radicales y los liberales sueltos; y solicité, por fin, que el número de votos necesarios para proclamar candidato fuese de dos tercios, de tres cuartos, o de cuatro quintos, o de cuanto se quisiera, siempre que por el número de votos se comprobase la imposibilidad en que el Presidente de la República quedaría para influir en la designación del candidato. No podía hacer más.
Si la causa ostensible del desacuerdo político era la suposición gratuita de que yo sostenía y amparaba un candidato oficial, esa causa desapareció en forma absoluta, desde el momento en que ofrecí a la coalición, con previo asentimiento del partido liberal que me venía prestando concurso, que fijara ella la cuota de votos que necesitara para designar candidato, aceptando de antemano, el número que se juzgase necesario para destruir toda la influencia oficial, y que me asegurase, por esto mismo, la quietud del gobierno por el tiempo que aún quedaba a mi mandato constitucional. No concibo qué otro medio más eficaz ni qué prueba más concluyente podría haber dado de mí respecto a la opinión de todos, y de mi voluntad de aceptar la resolución de los partidos y de concluir mi gobierno en paz.

Si fuera cierto que el propósito de los constituyentes de 1833 hubiera sido el de reconocer al Congreso la facultad de dictar o no, según fuere su criterio político, las leyes que aseguran la existencia misma de la República, lo habrían así establecido. No lo hicieron porque ese no fue su espíritu. Por lo mismo que consagraron el régimen representativo, con poderes independientes y responsables, no otorgaron al Congreso la facultad de frustrar la aprobación de las leyes constitucionales, como no otorgaron al presidente de la República la facultad de disolver al Congreso y apelar al pueblo, si sobrevenían desacuerdos que ellos no previeron, ni autorizaron en su obra de reorganización y robustecimiento del principio de autoridad en Chile. Es verdad que el espíritu de imitación del régimen parlamentario monárquico europeo, ha inducido a muchos a creer, durante algún tiempo, que convenía en la práctica el régimen parlamentario. Por esto he procurado durante más de tres años, sin omitir esfuerzos, la armonía con el Congreso, la unificación del partido liberal y el constante concierto entre los poderes públicos.

Esfuerzo estéril. El aliento dado al pretendido régimen parlamentario, ha roto al fin, la armonía con el Poder Ejecutivo, y creyéndose el Congreso el sólo soberano y el primero de todos los poderes, ha olvidado los respetos debidos al Jefe del Estado, ha pretendido sojuzgarlo y se ha creído, aplicando las reglas extremas de los gobiernos parlamentarios monárquicos, con derechos para no aprobar las leyes más esenciales, violando el régimen representativo consagrado por la Constitución vigente, y desconociendo los fueros y las prerrogativas del jefe de la Nación.

Si el Congreso lograra dominar al Poder Ejecutivo, y hacer las leyes y ejecutarlas, habríamos penetrado resueltamente en el campo de la tiranía y de la dictadura. No teniendo el Presidente la atribución extraordinaria, en caso de desacuerdo o de omisión de las cámaras en el cumplimiento de sus deberes, de disolverlas y apelar al pueblo, sancionaríamos, aceptando el predominio parlamentario, la soberanía incondicional y absoluta del Congreso, y durante el tiempo de su mandato, por lo mismo, que no podría ser disuelto, del Congreso, sobre el pueblo.

Mis labios han estado sellados y no se han desplegado contra mis adversarios.
He sido objeto de invectivas y violencia de todo género, y se me llama tirano y dictador por la prensa, que ha cruzado los límites de la libertad y llegado en su licencia a extremos a que no se llegó jamás en ningún país de la tierra.
Promulgué sin observación las leyes de elecciones aprobadas por la coalición parlamentaria, preparadas y dirigidas a destruir todas las influencias del Poder Ejecutivo y a favorecer los intereses de sus autores.
He aceptado las soluciones razonables y que nos condujeran al concierto patriótico y a resolver por la voluntad del pueblo los graves problemas que nos dividían.
De estos hechos dan testimonio mis actos, y pueden darlo también los numerosos Ministros de Estado que se agitan en la coalición y que compartieron conmigo las honradas tareas del gobierno de la República.
Todas las industrias prosperan, hay bienestar general, y los obreros, en cuyos brazos he encontrado mis útiles cooperadores para las importantes y numerosas obras en actividad, tienen trabajo constante y bien remunerados.
Por esto es que el pueblo no se ha asociado ni se asociará a una obra que no es su obra, de meros intereses de círculo y de predominio del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. Por esto es que las provincias y departamentos están tranquilos, y que son pocas las localidades en donde penetra el espíritu absorbente y avasallador de los círculos parlamentarios con asiento en la capital.
No se trata, pues de un conflicto nacional, ni de una lucha del Poder Ejecutivo con el pueblo, sino del Congreso, o sea de la coalición parlamentaria de la capital en contradicción con el Poder Ejecutivo.

Gobierno representativo, o gobierno parlamentario.
Ese es el dilema.
Opto por el gobierno representativo que ordena la Constitución. Lo practicaré por mi parte, y lo haré practicar en obedecimiento al artículo 72 que me manda hacer guardar a todos la Constitución de Chile.
Se han enunciado las causas que me han obligado a clausurar el Congreso el 15 de octubre último. Esas causas se agravaron después, por la conducta precipitada de la comisión conservadora y por las explícitas declaraciones que se han hecho de que no se aprobarían las leyes de presupuestos y que fijan las fuerzas de mar y tierra, si no se cambiaba Ministerio, si no se reconocía en la práctica el régimen parlamentario y si no aceptaba el derecho del Congreso para imponer su política al Jefe de Estado por el derecho que se atribuye de frustrar las leyes constitucionales y paralizar o anarquizar la sociedad y la administración pública.
No habiendo cambiado la situación, y habiéndose hecho más seria y difícil después la convocatoria habría sido estéril, y en el instante en que he convocado al Congreso hubiera pretendido éste ejecutar actos en conformidad a sus ideas de gobierno parlamentario, habría tenido que clausurarlo de nuevo, ¡quién sabe en qué condiciones y con qué consecuencias!
Cuando los miembros del Congreso y de la Comisión conservadora proclaman la desobediencia a las autoridades y la revolución, no cumple a un jefe de Estado que debe prever y precaver los sucesos, levantar por acto propio, teatro y actores, para que se comprometan ligeramente los respetos sociales y políticos, la seriedad y la moderación que constituyen nuestras más honrosas tradiciones.
La ley que fija las fuerzas de mar y tierra fue aprobada por el Senado y retenida por la Cámara de Diputados. Ni durante la sesión ordinaria, ni en la prorrogada de septiembre, ni en el receso, ni en la sesión extraordinaria de octubre, ni después de clausurado el Congreso, se ha despachado el informe de la Comisión Mixta de Presupuestos. Este se ha concluido, ¡hecho que no se había realizado jamás!, hace cuatro días.
Esta actitud corresponde al propósito deliberado de no aprobar las leyes constitucionales sino cuando la coalición hubiere triunfado sobre el Poder Ejecutivo. Preciso es decirlo a la faz de la República entera: no triunfará con mi concurso.
No reconozco las pretensiones del Congreso y por eso no disuelvo el ejército y la armada, porque eso sería concluir con el orden público en el interior y con la seguridad exterior de Chile; ni dejaré sin remuneración a los servidores de Chile, porque eso sería concluir con la administración y el gobierno del Estado.
No soy desconocido de los chilenos, y se me llama, sin embargo, dictador.
Para que se me llamara dictador con justicia sería menester que hubiera usurpado el poder por medios ilícitos, que hubiera llegado al mando supremo en brazos del motín o de la revuelta, que me hubiera mantenido en la presidencia más tiempo de lo fijado a mi período constitucional, que hubiera aprovechado en provecho propio o de los míos las leyes y el orden establecido, que hubiera aprisionado ilegalmente los ciudadanos o que hubiera difundido el terror.
Pero no puede ser dictador el ciudadano que defiende las atribuciones y el poder que el pueblo le confió, que observa y hace observar la Constitución, que entrega sus actos a sus jueces constitucionales, y en la forma amplia de la Constitución lo autoriza, que se libra sereno y sin vacilaciones al veredicto que el pueblo habrá de pronunciar el 1 de marzo próximo, y que si se resiste las invasiones del Congreso y las excitaciones a la revuelta, no hace más que cumplir con obligaciones que emanan de la Carta y del honor inseparable de los elegidos por Chile para dirigirlo y preservarlo en las horas de tormenta y de prueba.
Se ha incitado al ejército y a la armada a la desobediencia y a la revuelta.