DEMOCRACIA UNIVERSITARIA EN EL DEBATE PÚBLICO
Nicolás Díaz Amigo
Una de las peticiones del movimiento estudiantil que menos polémica ha
generado es el permitir una mayor democracia universitaria mediante la
derogación de leyes que impiden la participación de estudiantes y funcionarios en
la toma de decisiones. El gobierno accedió rápidamente a esta demanda cuando
construía las primeras respuestas a los petitorios de la CONFECH ya que la
derogación de estas leyes no significaba ningún costo concreto. Los estudiantes,
quienes pusieron sus esfuerzos en seguir presionando por sus principales (y más
polémicas) demandas no insistieron en la urgencia de un tema que a todas luces
estaría zanjado. Por esta razón, la discusión en torno a democracia en la
universidad ha pasado a segundo plano y no ha tenido mayor espacio en el
debate público, más allá de un par de líneas en alguna columna o editorial
periodística.
Cuando los principales líderes estudiantiles se refieren a democracia
universitaria, alegan que la educación debe tener dentro de sus principales
funciones la formación de ciudadanos íntegros e involucrados en política. Si bien
para muchos puede parecer intuitivo que la mayor participación en las decisiones
de la universidad trae consecuencias positivas en la formación de los estudiantes,
al ofrecerlo como único argumento nos encontramos en una posición precaria ante
cualquier crítica. Fácilmente una persona de la posición contraria nos señalará que
es imposible presentar evidencia de que la triestamentalidad o el cogobierno
(conceptos sumamente demonizados) traen resultados positivos en la formación
de ciudadanos. Si queremos formar mejores ciudadanos, quizás solo necesitamos
mayores cuotas de educación cívica.
Incluso, los detractores podrían continuar argumentando que una mayor
participación de los estudiantes generaría un peor desempeño de la universidad
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ya que estos no se encuentran capacitados para involucrarse, y el mismo proceso
educativo se vería perjudicado.
Hay serios argumentos en contra de la democracia en la universidad por lo
que si la deseamos defender en serio debemos primero comprender a cabalidad
de donde surge y a que nos referimos con ella, y luego ofrecer una profunda
reflexión acerca del porque y como adoptar tal modelo.
La lucha por mayor democracia universitaria en nuestro país y en el mundo
no es novedosa, sino más bien al contrario. El como se gobierna la universidad es
una problemática tan antigua como el concepto de universidad en si, lo que
naturalmente es demasiado extenso como para tratar aquí. Basta decir que a nivel
mundial la búsqueda de democracia universitaria alcanzó su mayor fuerza en los
años 60 y 70, a partir de importantes cambios sociales y políticos que se
manifestaron a través de masivas movilizaciones en el mundo.
Especialmente en Europa, la idea de una mayor horizontalidad dentro de la
universidad fue bien recogida y hasta el día de hoy, la participación de todos los
estamentos en la universidad es usual en países como Francia o España. Si bien
la evolución de las formas de gobierno en las universidades europeas es compleja
y heterogénea la existencia de senados universitarios o la elección abierta de
autoridades no es inusual en distintas universidades del viejo continente.
Chile no solo estuvo bastante cercano a ese proceso sino que incluso se
encontró un poco adelantado. La icónica toma del 67 de la Universidad Católica
(un año antes que el mayo del 68 francés) termino con un claustro universitario
que integro la participación inter-estamental y la elección democrática del rector
Castillo Velasco. Sin embargo – y como muchos bien saben – dicho impulso
duraría solo unos cuantos años debido a tres factores que confluyeron en la
destrucción total de cualquier noción de democracia universitaria: El golpe militar
del 73 (cuyo control directo sobre las universidades obviamente prohibía la
participación e inclusión), el gremialismo de Guzmán (cuya visión jerárquica del
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conocimiento resulta totalmente incompatible con la democracia) y la tendencia
mundial hacia la gestión gerencialista (la idea de que las universidades debiesen
manejarse de la forma más eficiente posible y la democracia solo burocratiza sus
funciones) .
La consecuencia de estos tres procesos la podemos ver en la prohibición
constitucional de órganos de decisión colegiados y de elección de autoridades por
parte de la comunidad universitaria, dictamen impuesto por la dictadura y
mantenido en la LGE, que el actual movimiento estudiantil intenta derogar.
El más escéptico de los lectores seguramente habrá cuestionado, llegando
a este punto, el porqué de la insistencia en el término de “democracia” al hablar
sobre el gobierno universitario. Seguramente –pensará- podríamos hablar de
participación o la inclusión y ahorrarnos problemas. A más de alguno le parecerá
ridículo aplicar un término que se usa en el Estado, para referirse a organizaciones
con fines particulares y que deben contar con una jerarquía muy especifica para
alcanzar dichos fines.
Es necesario clarificar algunos elementos. Cuando se menciona la
democracia en la universidad no hay que referirse a la igualdad efectiva en la
totalidad de decisiones para todos los que componen la universidad, haciendo
como si todos los que componen la universidad fueran una suerte de ciudadanos
en una micro-nación y por ende deben ser participes en todas sus decisiones.
Incluso al más acérrimo defensor de la democracia en la universidad le
parecerá difícil sostener que los alumnos tienen que decidir de la misma forma que
todos acerca de la construcción de nuevos edificios, o que los trabajadores deben
tener incidencia en las mallas curriculares. El término de democracia universitaria
no busca igualar la democracia que tenemos en la nación con las forma de
decisión que existe dentro, sino que apunta a algo más profundo y complejo.
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La universidad no constituye una organización o empresa como cualquier
otra, sino que tiene diferencias fundamentales que la hacen única. No solo dado
su rol fundamental en la construcción de la sociedad, sino que – como su nombre
lo indica – en la universalidad que buscan alcanzar y a la persecución de
conocimientos y de la verdad. Al proponer esto se entiende que la universidad es
una construcción y reconstrucción continua que entremezcla la teoría y praxis.
Dentro de las universidades, se producen, reproducen y conviven distintas
ideologías y visiones de mundo. Incluso la universidad más gerencialista del
mundo, aquella que se mueve como reloj bajo criterios de eficiencia está
reproduciendo cierta ética e ideología.
Es por eso que se plantea la democracia en cuanto al reconocimiento de la
igualdad de las diversas visiones. Hablar de democracia significa entender que en
la construcción de universidad, todas las ideologías presentes pueden y deben
aportar, ya que todas representan una forma validad de ver el mundo en sí
mismas. Sería ir en contra del ejercicio universitario el permitir que una ideología
se establezca como dominante e incuestionable a la hora de tomar decisiones.
Detrás de todo esto, yace la idea de que el conocimiento, tanto en sus ámbitos
científicos, humanistas, artísticos o de cualquier índole no se construye de forma
jerárquica de arriba hacia abajo, sino en un dialogo constante.
En la práctica significa generar mecanismos de participación efectivos para
que todos los miembros de la comunidad universitaria puedan aportar a su
construcción. Esto se logra, por ejemplo, creando senados universitarios donde
todos los sectores puedan discutir acerca de la dirección y misión de la
universidad, o a través de elecciones abierta de sus autoridades (que el rector sea
elegido por los profesores o incluso por toda la comunidad) de manera que en la
competencia se discutan y contrapongan las distintas visiones.
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Además, al hablar de democracia no solo debemos referirnos a la inclusión
de otros estamentos sino también en generar una horizontalidad dentro de los
profesores y académicos de forma que todas las posturas sean tomadas en
cuenta.
Nadie abogaría porque los estudiantes pudiesen vetar materias o clases a
las que asisten, pero no tomar en cuenta la visión de los estudiantes a la hora de
construir mallas académicas constituiría un gran error (especialmente porque son
ellos quienes pueden juzgar de manera más completa el conocimiento que están
recibiendo).
Por lo demás, mecanismos de participación e inclusión existen en muchas
universidades exitosas del mundo. En Cambridge los estudiantes participan con
voto en los órganos de decisión, en Lovaina (una de las universidades que
produce mayor grado de producción científica) toda la comunidad participa en la
elección de su rector, y parlamentos universitarios inter-estamentales son muy
comunes en distintas universidades del mundo.
Por supuesto, no se puede sugerir que todos los planteles de educación
superior en Chile debiesen tomar estos mecanismos, sino que sirven como meros
ejemplos. Lo deseable es que cada universidad, adecuándose a su contexto y
situación particular tome los mecanismos de gobierno que encuentren pertinentes,
teniendo en cuenta que es a partir del debate y de su comunidad que una
universidad se convierte en tal.
No cabe duda de que si se aprueba la derogación de los decretos que
prohíben la participación efectiva de estudiantes y funcionarios en la toma de
decisiones, el debate se tornará más complejo una vez que se instale
internamente en cada universidad la idea de reformar.
El concepto es polémico ya que se encuentra fuertemente arraigado en las
concepciones previas que cada uno tiene en elementos tan complejos como la
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ideología, el conocimiento y la universidad. La discusión teórica tiene un
componente mucho más complejo de lo que propone esta columna, la cual solo
trata de esbozar los principios a una defensa de la democracia.
Sean exitosos o no los estudiantes, sería sumamente positivo que la
discusión deje de lado los prejuicios y tabúes para dar paso al debate de fondo.